Arrestan a agente de la DEA acusado de colaborar con cártel

José Irizarry y a su esposa Nathalia Gómez Irizarry fueron arrestados en su casa ubicada cerca de San Juan, Puerto Rico, como parte de un expediente de 19 cargos en el que se acusa al exagente de 46 años de “utilizar secretamente su posición y su acceso especial a la información” para desviar millones de dólares de ganancias de las drogas para que no fueran incautados por la Administración para el Control de Drogas​ (DEA por sus siglas en inglés).

“Es un golpe duro para la DEA tener a uno de sus agentes envuelto en un nivel de corrupción tan alto”, dijo Mike Vigil, exdirector de Operativos Internacionales de la agencia. “Puso en peligro las investigaciones. Puso en peligro a otros agentes y a los informantes”, aseveró.

Fiscales federales de Tampa, Florida, alegan que la confabulación no sólo enriqueció al agente, sino que benefició a dos cómplices que no han sido acusados y que no son nombrados en el acta acusatoria. Uno era funcionario público de Colombia, mientras que el otro es descrito como el líder de una organización de narcotráfico y lavado de dinero que se convirtió en el padrino de los hijos de la pareja Irizarry en 2015, cuando el exagente laboraba en la ciudad turística colombiana de Cartagena.

Cuando The Associated Press reveló el año pasado la magnitud del presunto comportamiento ilegal de Irizarry, eso sacudió a la DEA, donde sus ostentosos hábitos y relatos de fiestas en yates con prostitutas en bikini eran algo legendario entre los agentes.

Pero antes de ser expuesto, Irizarry había sido un agente ejemplar, ganando premios y los elogios de sus supervisores. Después de unirse a la DEA en Miami en 2009, le fue confiado un operativo encubierto de lavado de dinero utilizando empresas fachada, cuentas en bancos ficticios y mensajería. Irizarry renunció en enero de 2018 luego de ser reasignado a Washington cuando su jefe en Colombia comenzó a sospechar.

El caso ha planteado inquietudes dentro de la institución de que la asociación delictiva pueda haber comprometido operativos encubiertos y trastocar casos penales.

“Sus huellas dactilares están en decenas de órdenes de detención y actas de acusación”, dijo David S. Weinstein, exfiscal federal de Miami. “Podría tener un efecto dominó y ocasionar que los tribunales vuelvan a examinar cualquier caso en el que estuvo involucrado”.

Irizarry y su esposa pagaron una fianza de 10.000 dólares cada uno y fueron liberados.

La DEA refirió peticiones de comentarios al Departamento de Justicia, y los mensajes enviados al abogado de Irizarry no fueron contestados de manera inmediata.

Uno de los dos cómplices que no fueron nombrados en el acta de acusación es Diego Marín, familiar de la esposa de Irizarry, de acuerdo con dos personas familiarizadas con la investigación que acordaron revelar detalles bajo condición de anonimato debido a que no estaban autorizadas para discutir la pesquisa. Irizarry-Gomez, de 36 años, fue acusada de asociación delictuosa para lavar dinero.

Las autoridades de Estados Unidos y Colombia consideran a Marín como uno de los principales sospechosos de lavado de dinero en el país sudamericano de la última década. Apodado como el rey del contrabando en Colombia, se cree que utiliza las ganancias de las drogas para importar contenedores repletos de electrónicos y ropa de Asia que terminan siendo vendidos en mercados de pulgas a precios muy bajos.

Marín fue detenido en 1993 por presuntamente esconder dinero de la droga para el cártel de Cali en artículos del hogar con destino a Colombia. Pero nunca fue encausado y desde entonces ha evitado ser enjuiciado aprovechándose de las relaciones que construyó durante décadas como informante para varias agencias del orden público de Estados Unidos, dijeron los funcionarios.

De momento no se pudo contactar a Marín o a su abogado.

El abogado de un testigo estelar del caso, un ex informante de la DEA que fue manejado por Irizarry, celebró la decisión. Gustavo Yabrudi fue sentenciado a 46 meses en prisión el año pasado por su participación en una red multimillonaria de lavado de dinero.

“El señor Yabrudi ha estado esperando por casi dos años este día”, comentó Leonardo Concepcion. “Es momento de que los maestros titiriteros que manejaron los hilos y abusaron de su autoridad sobre él respondan por sus acciones”.

A partir de 2011, Irizarry supuestamente utilizó la cubierta de su insignia para presentar reportes falsos y engañar a sus superiores, todo mientras instruía al personal de la DEA a transferir fondos reservados para operaciones encubiertas a cuentas en España, Holanda y en otras partes, las cuales controlaba o estaban vinculadas a su esposa o cómplices.

También está acusado de compartir información confidencial con sus cómplices.

La DEA ha rechazado comentar sobre la contratación de Irizarry y sobre las posibles alertas rojas que surgieron durante su proceso de revisión. Irizarry fue contratado por la agencia pese a indicios de que mostró señales de engaño en una prueba de polígrafo, y a que se había declarado en bancarrota con deudas de casi 500.000 dólares. Aun así, le permitieron manejar transacciones financieras tras ser contratado por la DEA.

En total, Irizarry y los informantes bajo su mando se encargaron de manejar por lo menos 3.8 millones de dólares que debieron haber sido monitoreados de cerca por la DEA como parte de las investigaciones encubiertas de lavado de dinero.

Los cómplices no se llevaron todo el dinero. Pero el expediente señala que se pagaron al menos 900.000 dólares desde una sola cuenta criminal abierta por Irizarry y un informante utilizando el nombre, pasaporte y número de seguridad social de una persona externa que no estaba al tanto de que le habían robado su identidad.

Las ganancias de la presunta trama financiaron la compra de un anillo de diamantes Tiffany con valor de 30.000 dólares, un automóvil BMV, tres camionetas Land Rover y una residencia de 767.000 dólares en Cartagena, así como viviendas en el sur de Florida y Puerto Rico, donde la pareja ha vivido. Para esconder su rastro, Irizarry aparentemente abrió una cuenta bancaria a nombre de alguien más, falsificando la firma de la víctima y utilizando su número de seguridad social.

Fuente: VOA.




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