JUDICIAL / CONSTITUCIÓN — 27 de marzo de 2026
En lo que podría ser el desafío legal más trascendental del siglo XXI para la identidad estadounidense, la Corte Suprema de Justicia ha comenzado a examinar la validez de la ciudadanía por nacimiento. Lo que durante más de 150 años se consideró un pilar inamovible de la democracia —el derecho de cualquier persona nacida en suelo estadounidense a ser ciudadano— está hoy bajo el microscopio de los nueve magistrados.
El debate se centra en una reinterpretación de la 14ª Enmienda, una pieza clave de la post-Guerra Civil que define quién es ciudadano de los Estados Unidos.
El centro de la disputa: “Bajo la jurisdicción”
El argumento de quienes buscan limitar este derecho se basa en una lectura técnica de la frase constitucional: “…y sujetos a la jurisdicción de los mismos”.
Los sectores que impulsan el cambio sostienen que los hijos de padres que se encuentran en el país de forma irregular no deberían recibir la ciudadanía automática, argumentando que sus padres no deben ser considerados bajo la “jurisdicción política” total de los EE. UU. al momento del nacimiento.
Un tribunal dividido
Las audiencias iniciales han revelado una profunda fractura ideológica dentro de la Corte:
- El bloque conservador: Algunos magistrados han mostrado apertura a discutir si el texto original de 1868 tenía la intención de ser tan universal como se aplica hoy, o si el Congreso posee la facultad de establecer límites legales a este derecho.
- El bloque liberal: Por su parte, las magistradas de tendencia liberal han sido tajantes: el principio de jus soli (derecho de suelo) ha sido la base de la estabilidad social del país. Argumentan que cualquier alteración a este derecho requeriría una enmienda constitucional aprobada por el Congreso y los estados, y no simplemente un “cambio de opinión” judicial.
Las consecuencias: ¿Una nación de apátridas?
Expertos en derechos civiles y constitucionalistas advierten que un fallo que limite la ciudadanía por nacimiento tendría efectos sísmicos:
- Creación de una subclase: Millones de personas nacidas y criadas en EE. UU. podrían quedar en un estado de “apatridia” (sin nacionalidad), privándoles de pasaportes, derecho al voto y acceso a beneficios federales.
- Incertidumbre jurídica: Se pondrían en duda los derechos de generaciones que ya poseen la ciudadanía bajo este supuesto.
- Impacto social: El concepto de “ser estadounidense” dejaría de basarse en el lugar de nacimiento para depender del estatus legal de los progenitores, un cambio radical en la narrativa de “nación de inmigrantes”.
“Este no es solo un caso sobre inmigración; es un caso sobre la esencia misma de la Constitución y quién tiene derecho a llamarse estadounidense”, comentaron analistas tras la sesión de hoy.
¿Qué sigue ahora?
La Corte Suprema se encuentra en una fase de deliberación tras escuchar los argumentos de ambas partes. Dada la magnitud del caso, no se espera una sentencia definitiva hasta el final del término judicial en junio de 2026.
Hasta entonces, el país permanece a la expectativa de un fallo que podría cambiar para siempre el significado de nacer en “la tierra de las oportunidades”.
