El gobierno de Nicaragua y la opositora Alianza Cívica celebran este jueves la segunda sesión del nuevo diálogo bajo un completo hermetismo, que invitaba a la proliferación de rumores y noticias falsas, y ante la aparente falta de consenso en puntos clave de la agenda.
Las discusiones para intentar resolver la crisis política en la que se encuentra sumido el país desde abril del año pasado se realizan a puerta cerrada en una escuela de negocios al sur de la capital sin la presencia del presidente Daniel Ortega y con opositores procedentes del mundo empresarial, académico y estudiantil.
El secretismo sobre la nueva mesa de diálogo contrasta con la apertura de la realizada el año pasado, cuando las discusiones se transmitieron en vivo y la gente pudo ver cómo Ortega enfrentó duros cuestionamientos de un líder estudiantil que le exigió dejar el poder y “rendirse” ante la mirada de millones de telespectadores.
Esta vez, al concluir la primera sesión, las partes se limitaron a divulgar un escueto comunicado que el nuncio apostólico, Waldemar Sommertag, testigo de las conversaciones junto al cardenal Leopoldo Brenes, tardó apenas tres minutos en leer. En él se explicaba que sólo se habían aprobado nueve de los 12 puntos de la hoja de ruta, pero no indicó cuáles suscitaron las discrepancias.
Una figura de la oposición cercana a la negociación confirmó a The Associated Press que uno de los tres puntos en discordia sería la negativa del presidente Ortega a aceptar la presencia de “garantes internacionales” como exige la oposición. Estos podrían ser representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la Unión Europea o de las Naciones Unidas.
Según indicó el miembro de la oposición que pidió el anonimato para no perturbar el curso de las negociaciones, la Alianza Cívica también habría exigido que la Iglesia actúe no solamente como “testigo” de las pláticas sino con un rol más activo, de mediación –como lo hizo en el primer diálogo nacional en 2018 que estuvo vivo menos de dos meses–, y que se incorporara a las pláticas el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, aparentemente vetado por Ortega.
“Estamos trabajando en la hoja de ruta. Se avanzó, pero falta”, dijo a la AP uno de los empresarios que negocia en el equipo de la Alianza y que también pidió no ser identificado “para no entorpecer el proceso”.
“Será pública cuando eso se termine”, agregó. “Esperamos que sea pronto”.
En un comunicado previo a la segunda sesión, la Alianza Cívica explicó que los nueve puntos acordados tienen que ver con “aspectos prácticos de funcionamiento” y reiteró que la oposición mantiene sus demandas iniciales: “liberación de todos los presos políticos (y) restablecimiento de las libertades, derechos y garantías, establecidos por la Constitución”. También seguirán exigiendo “reformas electorales que garanticen unas elecciones justas, libres y transparentes”, así como justicia.
Violeta Granera, líder del opositor Frente Amplio por la Democracia (FAD), que junto con la Alianza forma parte de la coalición Unidad Nacional Azul y Blanco, criticó el secretismo en este diálogo.
“La transparencia y la comunicación hacia la ciudadanía, con el apoyo de los pocos medios independientes, son clave para el desarrollo de este intento por encontrar una salida negociada” a la crisis, dijo en entrevista con AP.
Opositora a los sandinistas desde la revolución (1979-1990), Granera dijo tener “expectativas moderadas” frente a la actual negociación, porque “Ortega no ha dado ni está dando ninguna señal de voluntad”. Y subrayó que los 100 presos excarcelados el miércoles, justo antes del inicio del diálogo, no gozan de libertad total sino condicional (casa por cárcel), según lo confirmó el gobierno en un comunicado.
Hasta el momento, ningunos de los equipos negociadores ha hablado de plazos o fecha límite para llegar a un consenso que pueda cerrar una crisis que comenzó el pasado mes de abril y que dejó al menos 325 muertos, según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Para el analista político Oscar René Vargas, el objetivo de Ortega es demorar el diálogo mientras negocia de forma directa con el gobierno de Estados Unidos para que no aplique las sanciones establecidas en la Nica Act, aprobada en diciembre.
Extraoficialmente se había informado que el equipo del gobierno incluiría a miembros del gabinete considerados astutos negociadores, como el asesor presidencial para asuntos económicos, Bayardo Arce, pero esto no ocurrió.
Según Vargas, el gobierno también buscaría ganar tiempo mientras espera el desenlace de la crisis en Venezuela.
Mientras, la comunidad internacional saludó el reinicio de las conversaciones aunque con cierta cautela.
“Nosotros estamos de acuerdo con un proceso de diálogo, no exactamente como mediadores, pero como garantes de ese proceso”, dijo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, tras exigir la liberación de todos los presos políticos como condición previa.
La CIDH, por su parte, recordó a los negociadores tener presentes en el debate temas como “el acceso a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para la sociedad nicaragüense y, especialmente, para las víctimas”.
Fuente: La voz de América
