POLÍTICA Y JUSTICIA — 17 de marzo de 2026
En una decisión que redefine el panorama migratorio de Estados Unidos, el Tribunal de Apelaciones del 1er Circuito dictaminó este 16 de marzo que la administración Trump puede reanudar, de forma temporal, la controvertida práctica de deportar a no ciudadanos a terceros países. La resolución de 2-1 suspende un bloqueo previo, permitiendo que aviones con deportados despeguen hacia naciones con las que los migrantes, en muchos casos, no tienen vínculo alguno.
¿Qué es la deportación a terceros países?
A diferencia de la deportación convencional, esta estrategia consiste en enviar a individuos a naciones que no son su país de origen ni su última residencia habitual. La administración ha impulsado esta medida como una solución ante la negativa de ciertos países de origen de recibir a sus ciudadanos o la falta de relaciones diplomáticas directas.
Para lograrlo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha tejido una compleja red de alianzas globales:
- México: Continúa siendo el principal receptor de deportados no mexicanos.
- Acuerdos Financieros: Informes indican que naciones como Eswatini han recibido deportados tras acuerdos multimillonarios.
- Traslados de Alto Perfil: Se han confirmado envíos a Sudán del Sur (Juba) y se mantienen conversaciones con países como Ruanda, Uganda y Ghana.
- Presión Diplomática: La administración no ha ocultado el uso de incentivos económicos, amenazas de aranceles y sanciones de visas para asegurar la cooperación de estos terceros países.
La controversia legal: ¿Eficacia o violación de derechos?
El caso, caratulado como National Immigration Litigation Alliance v. DHS, se ha convertido en un campo de batalla sobre la constitucionalidad de las leyes de refugio.
| Argumento de la Administración | Críticas de Derechos Humanos |
| El DHS tiene autoridad para remover “extranjeros criminales” a cualquier país dispuesto. | Se viola la Convención contra la Tortura (CAT) al no evaluar el riesgo en el tercer país. |
| Es una herramienta necesaria ante la falta de cooperación internacional. | Los migrantes son enviados a lugares donde no conocen el idioma ni tienen red de apoyo. |
| El proceso es legal bajo las facultades ejecutivas de seguridad nacional. | Falta de debido proceso y notificación adecuada a los afectados. |
El “Ping-Pong” Judicial
La decisión del 1er Circuito llega apenas un mes después de que el juez de distrito Brian Murphy anulara la política, calificándola de inconstitucional. Aunque la batalla legal de fondo continúa, la suspensión del bloqueo significa que, a partir de hoy, el gobierno tiene vía libre para ejecutar estos traslados mientras se resuelve la apelación final.
Un futuro incierto para los deportados
Organizaciones como Human Rights First han documentado casos alarmantes de personas enviadas a países como El Salvador (directamente a la megacárcel CECOT) o naciones africanas, donde quedan en un limbo legal y social. Para la administración, es una victoria táctica en su promesa de “mano dura”; para los defensores de los derechos civiles, es el inicio de una crisis humanitaria exportada.
