Gobierno venezolano pone fin a la Ley de Amnistía y genera controversia por casos pendientes
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el fin de la aplicación de la Ley de Amnistía, apenas dos meses después de su implementación, una decisión que ha generado cuestionamientos en el ámbito político y de derechos humanos.
La normativa, aprobada en febrero de 2026, fue presentada como un mecanismo para promover la reconciliación nacional y facilitar la liberación de personas detenidas por motivos políticos. Según cifras oficiales, más de 8.600 personas fueron beneficiadas con libertad plena durante su vigencia.
Sin embargo, organizaciones independientes sostienen que aún permanecen cientos de presos políticos en el país, muchos de los cuales no fueron incluidos en el proceso de amnistía, lo que ha generado preocupación sobre su situación legal.
Rodríguez afirmó que los casos pendientes no serán abandonados, sino que serán evaluados mediante nuevas iniciativas, como un programa de paz y convivencia democrática y una comisión destinada a impulsar reformas en el sistema judicial.
A pesar de estas declaraciones, defensores de derechos humanos han criticado la decisión, señalando que el fin anticipado de la ley podría afectar garantías legales y limitar las oportunidades de liberación para quienes aún esperan resolución de sus casos.
El anuncio se produce en un contexto político complejo, marcado por tensiones institucionales y debates sobre la independencia judicial en Venezuela.
Analistas consideran que la eliminación de la ley reabre interrogantes sobre el compromiso del gobierno con procesos de reconciliación y sobre el futuro de las personas que aún permanecen detenidas.
En conclusión, el fin de la Ley de Amnistía en Venezuela deja un escenario incierto para los casos pendientes y vuelve a poner en el centro del debate la situación de los derechos humanos y el sistema judicial en el país.