POLÍTICA / CENTROAMÉRICA — 18 de marzo de 2026
SAN SALVADOR — En un movimiento que redefine el contrato social y jurídico de El Salvador, la Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, ha ratificado una reforma a la Constitución para instaurar la cadena perpetua. Esta medida, impulsada por la administración del presidente Nayib Bukele, elimina el techo máximo de 60 años de prisión y establece que ciertos criminales “no volverán a ver la luz del día”.
El fin de la redención para las pandillas
Desde la implementación del régimen de excepción en 2022, el gobierno salvadoreño ha sostenido que las leyes anteriores eran “demasiado blandas” para la naturaleza de los crímenes cometidos por las estructuras terroristas. Con esta reforma, la cadena perpetua se aplicará específicamente a:
- Cabecillas de pandillas: Líderes de la MS-13 y Barrio 18.
- Homicidios agravados y masacres: Aquellos delitos que por su crueldad conmocionen a la sociedad.
- Crímenes contra menores y feminicidios: Reforzando la política de “cero tolerancia” ante la violencia de género y contra la niñez.
“Justicia para las víctimas”, el argumento oficial
El presidente Bukele defendió la reforma a través de sus canales oficiales, asegurando que el Estado tiene la obligación moral de proteger a los ciudadanos honrados por encima de los derechos de quienes “han desangrado al país por décadas”. Según el oficialismo, la posibilidad de que un líder pandillero salga de prisión tras cumplir 60 años representaba una amenaza latente para la paz alcanzada.
La medida se apalanca en la infraestructura del CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo), la megacárcel diseñada para albergar a decenas de miles de reclusos bajo regímenes de aislamiento total.
Alarmas internacionales: ¿Justicia o control total?
La rapidez y naturaleza de la reforma han encendido las alarmas en organismos como la CIDH y Amnistía Internacional. Las críticas se centran en tres puntos fundamentales:
- Tratados Internacionales: La cadena perpetua sin posibilidad de revisión es considerada por muchos juristas como una forma de “trato cruel e inhumano”, contraviniendo convenciones de las que El Salvador es firmante.
- Concentración de Poder: Al no existir una separación de poderes clara, críticos temen que la figura de “terrorismo” —ahora castigada con cárcel de por vida— pueda ser utilizada para silenciar a voces disidentes u opositores políticos.
- Falta de Rehabilitación: Se argumenta que la reforma abandona por completo el fin último de un sistema penitenciario moderno: la reinserción social.
Un nuevo paradigma en la región
El Salvador se convierte así en uno de los países con las leyes penales más severas del hemisferio occidental. Mientras la popularidad de Bukele se mantiene en niveles récord debido a la drástica reducción de la violencia, la comunidad internacional observa con cautela cómo el país centroamericano se aleja de los estándares democráticos tradicionales en favor de un modelo de “seguridad absoluta”.
